Caracas, 27 de febrero de 2020.- La primera rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), nacía en Caracas, el 27 de febrero de 1.989, se llamó entonces “El Caracazo”. Era el grito que sacudía a la nación contra la miseria, el hambre y la pobreza creada por la receta del neoliberalismo que implosionó con el aumento de la gasolina.

Los protagonistas: un pueblo que encendía la chispa de su propia liberación que fue respondida por una ráfaga de balas ordenadas por el presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez. Dos resultados, el primero una masacre sin precedentes en la historia de la República y el segundo el cambio de paradigmas que se impulsó desde la conciencia social para cambiar el sistema de la democracia representativa.

Un paquete de medidas económicas impuestas con la receta del FMI, para terminar de saquear las riquezas del país que venían siendo entregadas de manera generosa a las grandes corporaciones internacionales por los gobiernos de turno, dieron paso a una agobiante crisis social que de manera insostenible estalló en 1.989 en las calles de Caracas, Guarenas y se extendió a Valencia y otras principales ciudades del país. La persecución contra el soberano se extendió hasta el 8 de marzo. El pueblo salió a las calles para tomar lo que era suyo y que se le había negado para satisfacer a la burguesía parasitaria.

Para el momento se contaron oficialmente 276 muertos, y extraoficial se registraron más de 3000 desaparecidos, esto tras la masacre protagonizada por la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional de entonces, mientras el pueblo bajó a llevarse la comida, vestimenta, calzado y artículos que no podía comprar por los recortes económicos y las exigencias de mayores aportes fiscales que se implementaban para poder responder al FMI.

Antecedentes:

Previamente se crearon las condiciones. Venezuela vivió en la década de los 80, un boom petrolero que se llegó a denominar la Venezuela saudita y significaba una riqueza incontable para la nación que se fue desvaneciendo por los recortes económicos, la devaluación del Bolívar, el endeudamiento con el FMI, el aumento de la recaudación fiscal, los controles de cambio y la corrupción administrativa. El guión fue aplicado por los gobierno de Copei y Acción Democrática con los presidentes Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi.

Con falsas promesas de salvar la economía y regresar a los tiempos de las vacas gordas del primer mandato de Carlos Andrés Pérez, candidato de Acción Democrática, salta a la palestra y gana las elecciones que lo llevan a la presidencia el 4 de diciembre de 1.988.

La ascensión al poder de Carlos Andrés Pérez, se llamó entonces, “la coronación” y se realizó en el teatro Teresa Carreño, contó con el apoyo de presidentes de la región que representaban las elites económicas para alinearse con el FMI.

Apenas en 15 días, se develó el guión nefasto de Pérez, que había pactado con el FMI, con el llamado “paquetazo” que consistía en estrangular al pueblo para satisfacer las arcas del organismo multilateral. La receta contenía, no sólo el aumento de la gasolina que era bastante para arrodillar al pueblo y su economía, sino que también contemplaba arrebatarle el poder adquisitivo al soberano y negarle los derechos fundamentales a la vivienda, educación, alimentación, cultura y deporte de forma gratuita. Desaparecía por completo toda posibilidad de seguridad social.

Las principales medidas

Un conjunto de medidas fueron puestas en marcha de inmediato, mientras el país se ahoga en deudas, entre ellas: Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.

Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 %.

Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.

Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.

Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.

Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.

Aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100 % en el precio de la gasolina.

Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30 %.

Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30 % e incremento del salario mínimo.

Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.

Reducción del déficit fiscal a no más del 4 % del producto territorial bruto.

Congelación de salarios y cargos en la administración pública.

El estallido, el aumento de la gasolina y la mirada ciega del neoliberalismo

El 26 de febrero de 1.989, el Ministerio de Energía y Minas anunciaba el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.

Para entonces, el 62% de la población venezolana estaba sumergida en la pobreza. El aumento del pasaje de transporte público fue la chispa que disparó la revuelta popular. Los transportistas intentaban subir los precios un 50 % pese a que sólo estaba permitido un incremento no mayor al 30%, lo que ya de por sí era un golpe fuerte para el bolsillo de la población al igual que estaba eliminado el beneficio del medio pasaje estudiantil.

Otro factor que desató la revuelta popular fue el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Por ello, luego de la reacción inicial contra los transportistas, la acción se amplió hacia los supermercados y pequeños abastos, en cuyos depósitos los venezolanos encontraron muchos de los productos que se encontraban en escasez, como leche, azúcar, café, harina, aceite, sardinas, entre otros.

Desde entonces, la respuesta del Gobierno puntofijista hacia el pueblo venezolano fue totalmente represiva, al punto de suspender las garantías y de dictar toque de queda. A pesar de sus actuaciones violentas, las autoridades solamente reconocieron el fallecimiento de 200 personas. Sin embargo, a 21 años del suceso no existe una cifra oficial de los decesos.

“Entré a Fuerte Tiuna y me tocó verlo en guerra. Fui a buscar gasolina con un compadre que era coronel. Me senté en su oficina y veo en el televisor aquel desastre. Salgo al patio, los soldados corriendo y unos oficiales mandando formación y a buscar los fusiles. Y le digo: ‘Mi coronel, ¿qué van a hacer ustedes?’. ‘¡Ay, Chávez!, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero la orden que llegó es que todas las tropas salgan a la calle a parar al pueblo’. ‘¿Pero cómo lo van a parar?’. ‘Con fusiles, con balas’, incluso dijo: ‘Que Dios nos acompañe, pero es la orden’. Vi los soldados salir, los soldados logísticos que no son soldados entrenados. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos. Hasta a los mecánicos los sacaron y les dieron un fusil, un casco y bastante munición. Lo que venía era un desastre, como así fue”

Hugo Chávez

En la revuelta popular iniciada en horas de la mañana del 27 de febrero y hasta el 9 marzo de 1989, el Ejército y la policía usaron unos 4 millones de balas para reprimir al pueblo, que empobrecido y hambriento salió a las calles para reclamar sus derechos.

Desde esa noche empezaron los saqueos en todo tipo de comercios, como supermercados, abastos, licorerías, carnicerías, líneas blancas, mueblerías, de computación, agencias bancarias, entre otros.

La Masacre

Las fuerzas militares y policiales ya estaban desplegadas en la capital, pero la represión no había iniciado y se limitaban a acciones preventivas. Sin embargo, ese 27 de febrero se generó la primera víctima. Se trató de Yulimar Reyes, estudiante de Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien fue asesinada en los pasillos de Parque Central (centro de Caracas), por un policía que le disparó perdigones en la cara y el cuello.

El 28 de febrero, el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, actuó ante los saqueos con el plan “Ávila”, el cual ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército acabar con la revuelta y permitiéndoles el uso de armas de fuego, hecho que trajo grandes consecuencias emprendiendo una brutal represión contra la población.

Al mismo tiempo, Pérez, decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con el que suspendió las garantías constitucionales. De esta manera, el derecho a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, el libre tránsito, la libertad de expresión, las reuniones en público y el derecho a manifestar pacíficamente fueron suspendidos durante 10 días. Esta medida incrementó la detención.

Pérez, envió aproximadamente a más de cuatro mil soldados con tanquetas a las calles de Caracas para “restablecer” el orden de la patria. De acuerdo a testigos, los primeros grupos de militares se ubicaron en las faldas de los cerros para evitar que las personas continuaran bajando y se unieran a los saqueos. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero después empezaron a asesinar gente.

Aun así, cuando ya habían cesado los saqueos, los militares continuaron disparando indiscriminadamente contra las casas y los habitantes de las zonas más populares de Caracas. Las patrullas del Ejército comenzaron a allanar casas en los barrios, supuestamente en busca de la mercadería, y a arrestar a los sospechosos.

Testigos relatan que durante esos fatídicos 27 y 28 de febrero, Caracas se llenó del eco de disparos de rifles y ametralladoras y cuando finalmente cesó el tiroteo la morgue se llenó de cadáveres y los hospitales eran insuficientes para atender a la cantidad de heridos.

La Peste:

El Cementerio General del Sur, al oeste de Caracas, en ese entonces fue conocido como “La Peste”, ya que durante “El Caracazo” allí eran llevados y amontonados por días los cuerpos de los civiles asesinados en los barrios para luego ser enterrados en fosas comunes.

De acuerdo a las cifras oficiales los hechos de finales de febrero y principios de marzo de 1989 dejaron unos 300 muertos y más de mil heridos, sin embargo, reportes señalan que hubo unas tres mil personas fallecidas, miles de heridos e innumerables desaparecidos.

Inestabilidad Política

La creciente desaprobación de la gestión del presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, tuvo como consecuencia que el paquete de medidas aplicado en forma paliada fuera rechazado.

En marzo de 1993, Carlos Andrés Pérez, es acusado de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia por decisión del Congreso Nacional, Ramón J. Velásquez, quien es sucedido por Rafael Caldera tras la convocatoria electoral de 1994.

El resurgir de un pueblo y un proyecto bolivariano para transitar la democracia protagonica

En ese entonces, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez en compañía del movimiento de la juventud militar alzaron su voz contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), que se decía democrático, pero que tres años antes había ordenado atentar contra los Derechos Humanos de los venezolanos durante esta masacre.

Hace 31 años, el teniente coronel venezolano Hugo Chávez Frías, de apenas 38 años de edad, dio la cara ante Venezuela y el mundo para asumir la responsabilidad de ese rebelión militar.La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno.

El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic.

El 7 de marzo, el presidente Pérez ordenó la suspensión del toque de queda, pero exigió al Congreso mantener el estado de emergencia y se restituyeron algunas garantías.

Justicia

En 1998, un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre, ordenó al Estado venezolano indemnizar solamente a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social.

En la actualidad, aún no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos días de febrero y marzo de 1989.

Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del Comandante Eterno Hugo Chávez, reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006, a través del Ministerio de Interior y Justicia, fueron anunciados mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.

El 27 de febrero de 2013, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) juramentó una comisión para investigar la actuación de policías y militares en 1989, que según cifras oficiales dejó 276 muertos, pero que algunos calculan que los desaparecidos pueden llegar a los dos mil. Ese mismo año la Fiscalía acusó a Virgilio Ávila Vivas (Gobernador del Distrito Capital en 1989) por su responsabilidad en la masacre. En noviembre de 2014 inició el juicio en su contra.

La transformación

De 1989 al 2020, son muchas las cosas que han cambiado en Venezuela. Las protestas de esa época dan pistas sobre las diferencias: mientras en 1989, era el pueblo pobre, el de los cerros el que bajaba a tomar lo que el sistema le negaba, hoy la violencia corre por cuenta de sectores medios y altos (guarimberos y violentos pagados) que obedecen a la injerencia emanada por la Casa Blanca para atentar contra la soberanía, democracia y libertad de Venezuela.

“Porque eso ocurrió aquí, el Ejército Libertador de Suramérica pasó en las décadas precedentes a 1992, a ser utilizado como si fuera un ejército de ocupación en su propia territorio, para arremeter contra su propio pueblo, máxima expresión de esta degeneración, máxima expresión de esta desviación está allí grabado en la memoria de los venezolanos para siempre la masacre del 27 de febrero de 1989”

Comandante Eterno Hugo Chávez

4 de febrero de 2004

El Caracazo, marcó el antes y el después de la historia en Venezuela. El pueblo elevó su moral y sus ideas, y con la esperanza de una Venezuela mejor, acompañó al Comandante Eterno Hugo Chávez, para construir el Socialismo del Siglo XXI, con la Revolución Bolivariana, con todas las garantías que hoy han transformado nuestra realidad para poner en el centro al humano, vencer al hegemon norteamericano y construir el mundo multicéntrico y pluripolar.